Hace 60 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos enunciaba que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y desde entonces esa ha sido la premisa básica del derecho internacional público. Sin embargo, la lucha contra la discriminación aún persiste.
Desde su inicio, las Naciones Unidas han establecido como uno de sus objetivos «reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana» sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, o cualquier otra condición.
En armonía con la ONU, la Constitución Política de México establece en el artículo primero que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o perjudicar los derechos de las personas”.
Existen, entonces, tanto declaraciones internacionales como una carta magna y leyes y normas de los distintos órdenes del gobierno mexicano para prevenir la discriminación. Sin embargo, faltan aún acciones para lograr la consecución de la prevención, el respeto a las legislaciones en la materia y la formación del pueblo mexicano para reconocer la necesidad de la inclusión y el respeto por todas las personas sin importar ninguna condición.
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