La calidad de vida que se disfruta en los países desarrollados necesita del consumo de grandes cantidades de energía para sostenerse. La climatización de las viviendas, la iluminación, los electrodomésticos y vehículos, el funcionamiento de la industria, la agricultura y los servicios públicos esenciales, la educación y la sanidad requieren de enormes aportes energéticos.
Es debido a este gasto de energía que los gobiernos deben identificar sus necesidades en la materia, para poder planificar de manera más sistemática. En México, la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de energía es la Secretaría de Energía. Lo anterior incluye vigilar que la política energética se conduzca con apego a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Los retos de los países en vías desarrollo en cuanto al tema tratado son estabilizar el aumento progresivo de la demanda de suministros energéticos seguros, construir puentes de acceso, equidad y empoderamiento, minimizar la degradación del medio ambiente, mejorar la salud humana y los medios de subsistencia, y elaborar nuevas orientaciones para el desarrollo.
La crisis energética mundial, junto con la amenaza del cambio climático, exigen, sin importar si es un país desarrollado o en vías de desarrollo, garantizar la innovación en el sector energético y un consumo responsable.
Para ello se deben considerar las energías renovables (aquellas que, de forma periódica e inagotable, se ponen a disposición de las personas y se pueden aprovechar y transformar en energía útil para satisfacer las necesidades). Es posible integrar sistemas energéticos más sostenibles que mejoran la calidad de vida, fomentan sociedades inclusivas y resilientes y además proporcionan un desarrollo sostenible para el futuro que queremos.